LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS PENALES SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS ENTRE LOS LÍMITES DE SANTA CRUZ DE BEZANA Y PIÉLAGOS QUE AFECTAN A UNA VIVIENDA EN ESTRUCTURA Y A LA PLAYA DE LA ARNÍA, ENTRE OTRAS
La Fiscalía Superior de Cantabria ha abierto diligencias penales sobre las presuntas irregularidades cometidas entre los términos municipales de Santa Cruz de Bezana y Piélagos, limites (que datan de 1926) y que afectan a una vivienda, cuyas licencias concedió Santa Cruz de Bezana, así como a la delimitación de la playa de la Arnía, no exenta de polémica, entre otras.
La Concejala-instructora, Milagros Bárcena (ADVI), que ha llevado a cabo la investigación, no exenta de trabas, presentó al alcalde, Alberto García Onaindía, sus conclusiones “provisionales” a principios de agosto. En ellas, la concejala se remitía al informe elaborado por un arquitecto técnico externo, encargado por el propio Ayuntamiento a instancias de Bárcena, técnico que ha estudiado en profundidad, tanto la documentación sobre la delimitación entre ambos municipios, así como la de las dos licencias concedidas, Segregación y Obra mayor, concluyendo, que el terreno es rústico y se encuentra en el término municipal de Piélagos, como así ha ratificado este Ayuntamiento en varios informes y decretos de Alcaldía, firmados por la alcaldesa, Verónica Samperio y remitidos al ex alcalde, Pablo Zuloaga, exigiendo la titularidad del terreno.
El origen de la investigación se remonta a mayo de 2018, cuando el ex alcalde, Pablo Zuloaga, propuso al equipo de gobierno, (2015-2019) llevar a pleno el ajuste de deslinde entre ambos Ayuntamientos. Fue en ese momento cuando el grupo municipal ADVI, tras estudiar los expedientes se negó a aprobar en pleno dicha delimitación hasta en tanto no se aclaren las circunstancias en las que se han concedido dichas licencias y los informes urbanísticos y jurídicos que las sustentan. La portavoz de ADVI, tras leer los citados informes de Piélagos sobre la titularidad del terreno y las presuntas y graves infracciones urbanísticas a las que alude el consistorio vecino, solicitó al entonces alcalde, Joaquín Gómez y grupos que conformaban el equipo de Gobierno, que se llevara a cabo una investigación sobre el citado asunto, nombrando el primer edil a Bárcena instructora del expediente.
LOS PROPIETARIOS DE LA PARCELA DENUNCIAN AL AYUNTAMIENTO
Los informes de Piélagos y la suspensión cautelar de las obras por parte de Santa Bezana, impulsó a los propietarios a llevar a un contencioso-administrativo al Ayuntamiento, cuyo juicio se celebró el pasado 13 de Mayo y en el que la concejala-instructora se prestó a declarar en calidad de testigo voluntario, junto a los dos arquitectos municipales y un represante técnico de Piélagos, que se ratificó en sus informes, así como los colindantes, que también reclaman unos 300 m2 de su parcela.
A la vista del informe de 50 folios redactado por el citado arquitecto técnico externo al Ayuntamiento, la concejala ha llegado a la conclusión de que “los técnicos municipales no hicieron bien su trabajo” y que la Licencia de Segregación, adolece de vicios ocultos, (aparición de tres nuevos mojones donde se asienta la vivienda), insuficiencia de m2 al eje de la carrretera CA 303, (carretera a Liencres), sitio del Cuco, además de estar asentada en otro municipio y en terreno rústico, por lo que ha pedido al alcalde se estudie abrir expedientes disciplinarios.
De hecho, la propia arquitecta de Bezana, reconoció ante el juez, que de haber conocido las discrepancias entre límites y que la vivienda estaba fuera del término municipal, no hubiese informado favorablemente, como consta en sentencia del pasado mes de Junio, resultado del citado contencioso.
Ante estos hechos y dado que la concejala no pudo llevar a efecto un estudio topográfico, debido a la negativa de los propietarios del terreno, asi como un informe desfavorable del propio secretario municipal, que desaconsejaba la petición de Bárcena, de solicitar una orden judicial para entrar en la parcela, aludiendo a que iba a devenir en fracaso, algo que sorprendió por incongruente al hablar de inviolabilidad del domicilio, cuando en realidad aún no existe ni tan siquiera residencia. Finalmente, la investigación ha sido remitida a la Fiscalía Superior de Cantabria, que la pasada semana ha abierto diligencias de investigación penales para esclarecer los hechos, sobre este espinoso asunto.
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